A propósito del sueldo del alcalde de CIU y sus concejales, en Viladecavalls

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La política es una noble ocupación, y más cuando los ciudadanos pueden percibir una buena gestión de la cosa pública. Es importante que los concejales estén bien remunerados, porque se entiende que los que ahí están lo merecen. Pero la política se transforma en algo bastardo cuando es presa de la demagogia y el populismo. Cuando se ocupa de lograr el voto fácil y cuando las promesas son vacías; si además solo se trata de agarrarse a la silla y al sueldo, resulta deleznable.

Se suele decir que lo importante no debería ser lo que ganan, sino si merecen lo que ganan, remitiéndose a continuación al balance del mandato que se supone que los ciudadanos y ciudadanas realizan mediante su voto. Sin duda eso es un buen indicador, pero también una forma de eludir de manera simplista un tema espinoso, equiparando el resultado electoral a un cheque en blanco, para que los ganadores pongan las cifras que quieran y lo gestionen como les de la gana. El dinero público, de los contribuyentes, debe tener una mejor fiscalización que la de usar el “todo vale” por haber ganado unas elecciones.

¿Cuánto cree usted que debería ganar un alcalde y su equipo de gobierno?¿Debería estar en función del número de habitantes?¿Lo debería decidir el pueblo soberano, mediante algún tipo de fórmula o consulta?¿Los concejales que quedan fuera del equipo de gobierno, la “oposición”, ha de tener el mismo tratamiento que los que gobiernan, diferente o ninguno?¿Sería bueno establecer indicadores para saber qué políticos merecen estar mejor pagados y cuáles no?¿Debería decidirse por consenso entre los diversos Grupos Políticos surgidos de las elecciones?...
... No existe respuesta oficial a estas preguntas. "Hay un vacío legal" dicen en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), mientras que en Catalunya la FMC y la ACM recomiendan mínimo y máximo. El resultado es que cada cual hace arreglo a su particular criterio. Los alcaldes establecen con arreglo a las alianzas, intereses, y la situación política, su sueldo, el de sus concejales y el de los que no lo son.

En el caso concreto de Viladecavalls eso es lo que ha hecho Sebastián Homs. CIU ha sacado individualmente más votos que los demás partidos, pero además tiene la mayoría por la suma del concejal del PVA, Paco Vega. Como tiene la mayoría es alcalde y fija los sueldos, que por otra parte sabe que saldrán aprobados, precisamente porque de entrada tiene la mayoría. ¿Eso es “legal”? sin duda, pero es discutible que sea correcto, y desde luego no es ético.

No es ética la actitud, la conducta, ni la decisión del alcalde de CIU y su equipo de gobierno, porque sin mediar palabra con el resto de concejales del Consistorio, han actuado exclusivamente en su provecho y beneficio decidiendo sobre un aspecto no regulado por la ley, los sueldos que han de cobrar de los dineros del municipio, jugando a priori con el resultado a favor de sus intereses. No hay actuación imparcial. No hay igualdad de trato, ni de criterios de reparto equiparables.

Se ha dado un claro caso de aprovechamiento, en la decisión, al ser tomada sólo por quienes son juez y parte interesada, obviando cualquier otro criterio. Si las decisiones del alcalde fueran sido las de favorecer el erario público rebajando los costes de la representación política del municipio, no habría critica y contaría sin duda con el asentimiento de los Grupos Municipales no adscritos a su gobierno, pero es lo contrario, los costes se han incrementado ampliamente, en número de liberados, en contrataciones de confianza y por tanto en cuantía económica. Luego además de presunta prevaricación, ya que han actuado por y para sus intereses, existe una manifiesta mala fe sustentada en criterios revanchistas de venganza, según cuentan, por la incomodidad política de CIU en lo últimos meses del Consistorio del pasado mandato.

La ausencia de consultas previas a los concejales de la “oposición", trata de menospreciar su legitimidad equiparable a la de cualquiera de los miembros del Consistorio, y quiebra los fundamentos del dialogo democrático. Es la primera vez que ocurre en Viladecavalls, y precisamente cuando el alcalde publicita una campaña de “nuevas maneras de hacer política”, así que esas maneras llevan implícitas la descalificación del oponente político, -la expresión se van a enterar, lo dice todo- la reducción de su marco de actuación institucional de control de las actuaciones de gobierno, –supresión del teléfono y acceso al Ayuntamiento, dificultades con el acceso a la información- y reducir al máximo sus posibilidades de gestión –haberes ridículos por atención y dedicaciones al cargo-.

La Ley de Bases de Régimen Local establece que tras la toma de posesión de los alcaldes, debe acometerse la organización del Ayuntamiento en el primer pleno y determinar las concejalías delegadas y las funciones de cada miembro. Aunque se podría dejar el asunto de las retribuciones para los presupuestos del siguiente año, lo normal es que se incluya en los puntos del orden del día del pleno, eso tiene que ver con la urgencia en algunos casos de acceder rápidamente al cobro de esos dineros, que algunos concejales de gobierno reciben sin dar palo al agua durante el mes, y siempre, para quitar del escenario público este escabroso tema, que puede resultar escandaloso a la ciudadanía.

Eso sí, todo está aprobado por pleno en el que tienen derecho a votar todos los partidos políticos, en Viladecavalls también, pero como ha quedado manifiestamente claro, los Grupos Municipales que no son del “gobierno municipal” tenian las cartas mojadas y se les tomaba el pelo, al tener que pronunciarse sobre una propuesta que les afectaba en la totalidad del mandato, sin haberla comentado, ni participado de la misma, ni consultados anteriormente, y además con resultado condicionado de antemano.

Se trataba de escenificar un acto democrático, cuando la realidad es que se estaba realizando una acción descaradamente dictatorial, totalitaria y perversa. Por eso PSC, ERC e IC-V votaron en contra.