Contra el secuestro de “El Jueves”
http://viladecavalls-francisco.blogspot.com
/2007/07/contra-el-secuestro-de-el-jueves.html
-La portada puede ser un espanto, pero la medida es inútil, porque han conseguido el efecto contrario y porque es arcaica y antidemocrática. La viñeta en sí puede ser un atentado a la inteligencia, pero el secuestro de la revista es un atentado a la libertad de expresión.
-Dudo que el secuestro sea la medida más adecuada. La portada de El Jueves es accesible en infinidad de páginas web gracias a una publicidad de la que, en buena parte, el juzgado Central de Instrucción 6 ha sido el principal agente.
-El juez Del Olmo es el mejor director de marketing que ha tenido El Jueves en su historia. Es una publicidad que no se puede pagar. Si el "Rey" o cualquier persona se ofende, que está en su derecho, debería poner una denuncia como cualquiera.
-Las personas públicas, como lo son los miembros de la familia real, por el hecho de serlo deben soportar una mayor incidencia de la libertad de expresión, que se puede traducir en mayores críticas. Del Olmo hace una interpretación extensiva del delito de injurias a la Corona y vuelve a una idea restrictiva de la libertad de expresión, sin la que no hay democracia.
-Los "Príncipes" no dejan de ser personas titulares de una institución pública y, por tanto, también deben estar sometidas a crítica, si se sienten afectados, pueden acudir a los tribunales.
-La medida es desproporcionada, puesto que afecta a toda una publicación y, por tanto, al derecho a la información, cuando en caso de haberse producido algún hipotético delito sólo cabría achacarlo a personas físicas.-Aun en el supuesto de que hubiese habido extralimitación, o un posible atentado al honor, o un posible delito de ofensas, la vía adecuada sería la demanda judicial, nunca el secuestro de una publicación.
-Es incomprensible que se esté actuando contra algo referido al humor y no se esté actuando contra cosas auténticamente alevosas para la sociedad, como por ejemplo los salarios.
-El secuestro de la revista es un "atentado" contra la libertad de expresión cometido por el "búnker judicial" que deja a la Justicia en mal lugar. La decisión del juez Del Olmo demuestra "la debilidad" de la institución monárquica y la "complicidad" de la judicatura con la Corona.
-La prohibición de difusión de la revista, así como la orden de identificación de los autores de la viñeta pedida a la publicación, sin una sentencia emanada de un proceso judicial previo, no son procedimientos aceptables ni propios de una democracia moderna. La orden del juez Del Olmo es una sanción cautelar y menoscaba el derecho a la libertad de expresión aun cuando se trate de una caricatura.
Una revista satírica está para satirizar la vida pública, desde la política, la iglesia, las instituciones o al vecino de al lado, pero parece que existen instituciones que están por encima del bien y del mal. Es una regresión en las libertades y un hecho grave en sí mismo y por el precedente, que puede generar autocensura en los medios hacia ciertas instituciones.
Estas cosas dan que pensar -como las actuaciones de CIU y su alcalde Sebastian Homs en Viladecavalls- sobre el grado de libertades y garantias del actual momento democrático, aumque siempre puede salir alguien que "desde su pretendida imparcialidad e independencia" opine que es lo que se puede esperar que diga un rojo convencido, de izquierdas y republicano.
-Dudo que el secuestro sea la medida más adecuada. La portada de El Jueves es accesible en infinidad de páginas web gracias a una publicidad de la que, en buena parte, el juzgado Central de Instrucción 6 ha sido el principal agente.
-El juez Del Olmo es el mejor director de marketing que ha tenido El Jueves en su historia. Es una publicidad que no se puede pagar. Si el "Rey" o cualquier persona se ofende, que está en su derecho, debería poner una denuncia como cualquiera.
-Las personas públicas, como lo son los miembros de la familia real, por el hecho de serlo deben soportar una mayor incidencia de la libertad de expresión, que se puede traducir en mayores críticas. Del Olmo hace una interpretación extensiva del delito de injurias a la Corona y vuelve a una idea restrictiva de la libertad de expresión, sin la que no hay democracia.
-Los "Príncipes" no dejan de ser personas titulares de una institución pública y, por tanto, también deben estar sometidas a crítica, si se sienten afectados, pueden acudir a los tribunales.
-La medida es desproporcionada, puesto que afecta a toda una publicación y, por tanto, al derecho a la información, cuando en caso de haberse producido algún hipotético delito sólo cabría achacarlo a personas físicas.-Aun en el supuesto de que hubiese habido extralimitación, o un posible atentado al honor, o un posible delito de ofensas, la vía adecuada sería la demanda judicial, nunca el secuestro de una publicación.
-Es incomprensible que se esté actuando contra algo referido al humor y no se esté actuando contra cosas auténticamente alevosas para la sociedad, como por ejemplo los salarios.
-El secuestro de la revista es un "atentado" contra la libertad de expresión cometido por el "búnker judicial" que deja a la Justicia en mal lugar. La decisión del juez Del Olmo demuestra "la debilidad" de la institución monárquica y la "complicidad" de la judicatura con la Corona.
-La prohibición de difusión de la revista, así como la orden de identificación de los autores de la viñeta pedida a la publicación, sin una sentencia emanada de un proceso judicial previo, no son procedimientos aceptables ni propios de una democracia moderna. La orden del juez Del Olmo es una sanción cautelar y menoscaba el derecho a la libertad de expresión aun cuando se trate de una caricatura.
Una revista satírica está para satirizar la vida pública, desde la política, la iglesia, las instituciones o al vecino de al lado, pero parece que existen instituciones que están por encima del bien y del mal. Es una regresión en las libertades y un hecho grave en sí mismo y por el precedente, que puede generar autocensura en los medios hacia ciertas instituciones.
Estas cosas dan que pensar -como las actuaciones de CIU y su alcalde Sebastian Homs en Viladecavalls- sobre el grado de libertades y garantias del actual momento democrático, aumque siempre puede salir alguien que "desde su pretendida imparcialidad e independencia" opine que es lo que se puede esperar que diga un rojo convencido, de izquierdas y republicano.
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